Devolver competencias

"Horas antes de que se reuniera el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se rizó por enésima vez el rizo de la deuda pública, el presidente de Murcia dejó la puerta abierta para devolver competencias al estado central. El Sr. Valcárcel afirmó que está dispuesto a devolver las competencias de educación y sanidad si no tiene dinero para financiarlas. Había precedentes porque hace unos meses devolvió las de Justicia. A su juicio el Ministerio había incumplido las condiciones del trapaso. En la misma dirección se sitúa Esperanza Aguirre cuando muestra disposición para devolver las competencias de justicia.

Dejando a un lado la percepción que los mercados tienen de estas declaraciones, este problema será uno de los más importantes de la próxima legislatura. Estos líderes autonómicos que han incrementado la mayoría absoluta con la que ya gobernaban nos están transmitiendo varios mensajes.

El primero: tienen capacidad para tomar la iniciativa política sin pedir permiso al estado mayor del PP. Mientras los líderes nacionales del PP hacen y deshacen los progamas electorales para moverse en lo que demoscópicamente resulta políticamente correcto para el candidato, estos líderes no tienen complejos para decir lo que piensan. Se amparan en la situación real de unas autonomías que no se lanzaron por el precipicio de las reformas y en lo que piensan la mayoría de los españoles. Otros líderes deberían aplicarse el cuento, pisar la calle, meter en el baúl la claúsula Camps y llamar a las cosas por su nombre.

El segundo mensaje está relacionado con un modelo de estado que ha resultado insostenible. Ahora han descubierto que resulta financiera y fiscalmente insostenible cuando llevamos varias décadas advirtiendo que resulta insostenible moral, política y culturalmente. Hoy son los mercados quienes obligarán a revisar el título VIII de la Constitución donde se bosqueja el Estado de las Autonomías pero mañana serán los ciudadanos, o ese incómodo invitado que llamamos sentido común. Aunque España no sea una unidad de destino en lo universal, al menos que pueda ser soñada como una honrada comunidad de pacientes, consumidores y usuarios.

Habría un último mensaje para los juristas que no arreglaron bien este problema. Saldremos de esta jungla competencial cuando retomemos el consenso constituyente. Mientras tanto, a ver si los constitucionalistas aprueban en septiembre la asignatura que suspendieron en más de treinta convocatorias: el título VIII de la Constitución." Podéis ver el artículo completo en: http://www.lasprovincias.es/v/20110729/opinion/devolver-competencias-20110729.html

Jurados paritarios

"Estos días en los que la opinión pública está pendiente del euro, las bolsas o la prima de riesgo, deberíamos recordar que también hay políticas educativas y culturales. Aunque la parte económica de la política esté condicionando el conjunto de las políticas públicas, nuestra crisis tiene dimensiones culturales que están determinando las ideas y creencias de la sociedad.

Uno de los pilares educativos y culturales que está transformado lenta pero profundamente la sociedad española está basado en el desarrollo y aplicación de políticas basadas en la ideología de género. Sin entrar de lleno a describirla, plantea la convencionalidad y convertibilidad total de las diferencias naturales, es decir, biológicas, emocionales y neuronales. Una de las tareas de la política de la diferencia y, sobre todo de una política indefinida e ilimitidada de los derechos, es promover políticas de igualdad sin contar con referencias naturales, biológicas, neuronales o culturales. Leyes como las de Educación de mayo de 2006, de Igualdad de marzo de 2007, o de Salud sexual y reproductiva de 2010, son un buen ejemplo de esta política cultural. Eso sin contar la promoción que se ha realizado en el exterior de estas ideas con fondos de la cooperación española.

Esta política exige que se cumplan los requisitos de paridad en el conjunto de la vida social en general y, de manera especial, en la vida de las administraciones públicas. Una paridad forzada que está generando situaciones absurdas y esperpénticas. La última conocida se ha producido en el Ministerio de Cultura donde no se ha podido constituir el jurado del Premio Nacional de Cine porque había 3 mujeres y 9 varones. Cuando han nombrado a sus representantes en el jurado, las instituciones implicadas han utilizado sus propios criterios, con independencia de que el resultado final no satisfaga al Ministerio.

Estos criterios de paridad forzada se están aplicando implacablemente en instituciones educativas con independencia del sentido común, la competencia o capacidad de los jurados (oposiciones, tesis, tribunales). En ámbitos como la Enfermería o la Psicología donde los varones son un bien escaso, más de un compañero ha denunciado las injusticias que se están cometiendo con esta discriminación positiva. Si un jurado paritario no garantiza una decisión justa, tampoco un equipo médico paritario garantiza un diagnóstico acertado. La desigualdad real nunca se ha combatido con la paridad legal sino con la justicia social." Podéis encontrar el artículo completo en: http://www.lasprovincias.es/v/20110722/opinion/jurados-paritarios-20110722.html

Retos del acogimiento familiar

"La pasada semana se presentó en el consejo de Ministros un anteproyecto de ley para actualizar el sistema de protección de menores. El anteproyecto se ha redactado después de que el Senado emitiera un informe donde se pide al gobierno que mejore la legislación que regula el desemaparo de menores.

Igual que otros anteproyectos de ley que ha presentado Leire Pajín, se trata de iniciativas que estaban en el ministerio mucho antes de que ella llegara. Algunas como esta que afecta a figuras jurídicas como el acogimiento familiar y la adopción llevaban varias legislaturas entre las carpetas del ministerio. Como el resto de anteproyectos que ha presentado este ministerio, es probable que no se apruebe ninguno en lo que queda de legislatura. De esta forma, lo que parece una buena noticia se convierte en un globo sonda para entretener a los profesionales del acogimiento y para que los nuevos responsables autonómicos no vean defraudadas sus expectativas de reforma.

Una vez declarado el desamparo, las administraciones públicas están obligadas por ley a responsabilizarse del menor. Si en otros tiempos había orfanatos y centros en los que se atendían a estos menores (recuérdese lo que significó la Beneficencia en Valencia), ahora se les atiende de dos formas: en centros más pequeños o especializados y en familias.

La gestión de estas responsabilidades es compleja y el acogimiento familiar se ha convertido en la figura óptima. El documento simplifica los trámites y anula la figura del acocimiento preadoptivo como paso intermedio entre el acogimiento simple y la adopción. Racionaliza, acorta y simplifica los procedimientos judiciales siguiendo el principio básico del interés superior del menor. Ahora bien, como no todos los menores desamparados pueden ser acogidos voluntariamente por las familias adecuadas, aún existen centros. Centros de gestión compleja, cada vez más sindicalizados, burocratizados y donde un educador con vocación es un bien escaso.

La información facilitada oculta algunos problemas y no afronta con seriedad el dilema centros/familia, tampoco otros muchos que han hecho de esta política pública una “política menor”. No se dice nada de la implicación de la sociedad civil y la transformación de las subvenciones en conciertos, tampoco del dilema profesionales/ voluntarios. Para colmo, estas leyes parecen cartas a los Reyes Magos elaboradas con el habitual principio del taifismo autonómico donde los gobiernos centrales invitan y las autonomías o ayuntamientos pagan. O pagaban." Podéis ver el artículo completo en: http://www.lasprovincias.es/v/20110715/opinion/retos-acogimiento-familiar-20110715.html

Caritas ante la crisis

"Los responsables de Cáritas han hecho público un informe sobre las demandas atendidas en su red confederal de acogida y atención primaria. Los datos son preocupantes y deberían servir para que el conjunto de las administraciones dejaran de mirarse al ombligo de los correspondientes organigramas para atender el incremento de las demandas que está generando la crisis.

Los datos corresponden a los tres últimos años y las cifras son alarmantes. El número de solicitudes de ayuda se ha duplicado, produciéndose un incremento del 104,3% en los últimos tres años. Como el dato puede resultar poco significativo sin otra referencia, hay una cifra que le proporciona todo su valor: en 2010 unas 300.000 personas han acudido por primera vez reclamando ayuda. Personas que han pasado de la integración a la vulnerabilidad y de esta a la pobreza.

Aunque los parados se hayan convertido en el mayor grupo de demandantes -sobre todo de los mayores de 45 años- destaca el incremento de familias jóvenes, de jóvenes sin formación que ni siquiera encuentran trabajo precario y de mujeres solas con cargas familiares generalmente no compartidas. Todo ello sin contar la existencia de unos 100.000 ciudadanos extracomunitarios que buscan regularizar su situación o integrarse de alguna forma.

Lo alarmante del informe es el hecho de que casi el 70% de estas personas han pasado antes por los servicios sociales municipales. Este dato, que se incrementará cuando se recojan los datos del 2011, debería servir para estimular, incentivar y reorganizar unos equipos de profesionales en los que no sólo falta dinero sino capacidad de prospectiva y liderazgo.

La política social que aplican los servicios sociales municipales depende, en gran medida de programas autonómicos, y estos, a su vez, de líneas finalistas condicionadas por programas del estado que gestiona la administración central. Esta fragmentación administrativa organizada en términos cortoplacistas y electoreros condiciona la ineficiencia de unos servicios públicos que son la cenicienta de todas las administraciones. Las ayudas son fragmentarias, limitadas en el tiempo, de acceso difícil, de tramitación lenta y muchas veces sin seguimiento personalizado.

Estos días de cambios en los despachos autonómicos y municipales, los nuevos responsables deberían analizar con profundidad estos datos. No para pelearse por un despacho mayor y parchear un fracasado estado electorero, sino para tomarse en serio lo que desde la primera línea de la Constitución se llama estado social." Podéis ver el artículo completo en: http://www.lasprovincias.es/v/20110708/opinion/caritas-ante-crisis-20110708.html

Universidades sin conocimiento

"Se ha hecho público el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo sobre el estado de las universidades españolas. Con el patrocinio de una entidad financiera, la colaboración de los rectores y el apoyo del consejo de universidades, se han presentado unas reflexiones muy oportunas sobre el impacto de la crisis en las universidades.

El informe se ha realizado para zarandear la vida universitaria con la vista puesta en la economía del conocimiento. Esto significa que son páginas importantes para analizar el servicio que las universidades están prestando a las empresas. Aunque podían haber analizado el servicio que la universidad presta al crecimiento o maduración personal, a las diferentes tradiciones culturales, los valores constitucionales, las familias u otras muchas organizaciones de la sociedad civil que no tienen ánimo de lucro, sus redactores nos ofrecen una valoración interesante sobre las fortalezas y debilidades de nuestra universidad.

Una lectura rápida destacaría que el modelo actual es insostenible por los elevados costos del sistema que exigiría una reducción en la oferta de titulaciones que tienen baja demanda o por la anquilosada tradición napoleónica y funcionarial. Sin embargo, el informe necesita lecturas sosegadas que demuestran el incipiente compromiso con el tejido empresarial. Hasta la fecha, un 22% de las empresas opinan que la universidad actúa como motor de desarrollo y un 38% desconocen que la universidad no sólo contribuye a la innovación o desarrollo sino a la formación, capacitación y actualización de los trabajadores.

Además del incuestionable desafío de la internacionalización, la eficiencia y la transparencia se han convertido en los dos grandes retos. Se incrementaría la eficiencia (medida en términos estrechamente positivistas) si se modificara la estructura del profesorado y mejorase la gobernanza de las universidades. Algunos redactores del informe sostienen que se incrementaría la transparencia si se realizara un ránking multidimensional que tomase como referencia ámbitos de conocimiento y no cada universidad en su conjunto. Olvidan intencionadamente la endogamia o la pervesión de la autonomía cuando hablan de rendición de cuentas.

El informe constata el fracaso de las reformas que se realizaron en los años noventa y sostiene que las últimas reformas legislativas no han aportado nada sustancial para responder a estos desafíos. Debería ser leído con cautela por los ciudadanos para responsabilizarnos de instituciones que no sólo gastan el dinero público en edificios inteligentes sino que están abiertas al conocimiento." Podéis ver el art. completo en: http://www.lasprovincias.es/v/20110701/opinion/universidades-conocimiento-20110701.html