Emigración tributaria

José Cepeda es un senador socialista de origen manchego afincado en Madrid que ha mostrado sus discrepancias con el presidente Pedro Sánchez porque ha sucumbido a las presiones de Rufián y ERC para modificar la ley que permite la flexibilizar determinados impuestos a las autonomías. Considera que mientras Sánchez siga aceptando la presión de los nacionalistas y recogiendo sus propuestas, al PSOE de Madrid le será imposible gobernar en el Ayuntamiento o la Comunidad. No considera que Madrid sea un “paraíso fiscal” por el hecho de que otras Comunidades Autónomas sean “infiernos fiscales”, simplemente reacciona como lo haría cualquier ciudadano español libre y con sentido común. 

    Un sentido común que el gobierno tiene interés en fragmentar. La utilización de estas metáforas está contribuyendo a la polarización y simplificación de la opinión pública. De hecho, durante las últimas semanas se está produciendo una demonización de Madrid como paraíso fiscal de liberales, frente al gobierno central y los líderes de ERC, Bildu, Podemos o Compromis que aparecen como promotores de la “igualdad de oportunidades”. Esta fue la categoría que Sánchez utilizó para legitimar la modificación de la actual ley tributaria que permite bonificar algunos impuestos como los de patrimonio y sucesiones. Con ello, la presidenta Isabel Díaz Ayuso simboliza los paraísos fiscales para ricos y Pedro Sánchez Castejón se convierte en el Robin Hood de la armonización. Así, no sólo se presenta la imagen de un socialismo sensible a la justicia, sino que se blanquea moralmente la cuadrilla de amistades peligrosas con las que el gobierno pacta los presupuestos. 

    Mal mensaje para parados, trabajadores y profesionales de la sociedad civil. Sobre todo en comunidades como la Valenciana donde sus autoridades están alimentando esta polarización y promoviendo la emigración tributaria. Se van las empresas, se van los profesionales, se va el sentido común y se van las oportunidades. No es un problema de competencia desleal (dumping fiscal) ni de armonización fiscal, sino de dignidad cívica, de solidaridad y justicia territorial. Tampoco es un problema de libertad empresarial o económica para generar riqueza. Ni siquiera es un problema de austeridad en el gasto o mejora en los criterios de distribución de la renta. Es un problema de libertad real y básica que parece desaparecer del pulmón socialista cuando sólo respira en la UCI de los gobiernos con su pulmón nacionalista o totalitario. Justo cuando promueven lo que, desde 1945, Friedrick von Hayeck llamaba “caminos de servidumbre”. Podéis ver el artículo completo en: https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/emigracion-tributaria-20201128004903-ntvo.html

Tiranía de la mediocridad

En uno de sus últimos trabajos, el filósofo norteamericano Michael Sandel, reflexiona sobre los límites del mérito. En un determinado momento, analiza la incapacidad que tienen los republicanos y demócratas para promover el bien común. Para ello utiliza un hilo conductor interesante, basado en el valor que conceden al trabajo en la configuración de la virtud cívica. Como estamos acostumbrados a mercantilizar el trabajo y reducirlo a un simple empleo o renta, se nos olvida con demasiada frecuencia su papel en la consolidación de una sociedad justa. Sandel recuerda que cuando Robert F. Kennedy luchó por la nominación de su partido a la presidencia en 1968, apeló a esta dimensión cívica del trabajo con las siguientes palabras: “El desempleo significa no tener nada que hacer, lo que significa a su vez no tener nada que hacer con el resto de nosotros —explicó—. Estar sin trabajo, no ser de utilidad para tus conciudadanos, es sin duda como ser aquel “hombre invisible” del que escribiera Ralph Ellison.” 

    Sandel pretende recuperar la dignidad del trabajo en un debate político donde los ciudadanos son considerados prioritariamente como simples consumidores y no como dignos productores. Esto le lleva a proponer dos teorías del bien común. Por un lado, la noción consumista del bien común que trata al ciudadano como individuo y la justicia social resulta fruto de un cálculo donde hay que maximizar el bienestar del consumidor. Además del salario, la clave está en la renta disponible y la justicia distributiva. Por otro lado, la noción productiva o laboral de bien común que trata al ciudadano como persona con capacidad para reflexionar sobre sus preferencias, para elevarlas y mejorarlas, planteándose la posibilidad de una vida más o menos digna. Esta noción cívica del bien común considera el trabajo en términos de reconocimiento, respeto y estatus social. En lugar de basarse en los salarios que dependen de contingencias mercantiles, pone el acento en la justicia contributiva. 

    No se trata de un tema baladí porque afecta al diseño de los sistemas educativos y su papel en la reducción de las desigualdades sociales. Hasta ahora, el sistema educativo podía facilitar la movilidad ascendente y dificultar la movilidad descendente. Con la ira y el resentimiento de la nueva ley educativa, en España no se incentiva una virtud cívica relacionada con el trabajo o el estudio sino con el salario, la renta y la subvención. Aunque resulte paradójico, ganan las élites y pierde el pueblo. En lugar de universalizar la aristocracia se incentiva rencorosamente la mediocridad. Podéis ver el artículo completo en: https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/tirania-mediocridad-20201121002049-ntvo.html

Los presupuestos de Ciudadanos

Intentando marcar distancias con la estrategia nacional de Ciudadanos, unos minutos antes de que se cerrara el registro, la portavoz adjunta de Ciudadanos en Les Corts Valencianes presentó una enmienda a la totalidad sobre el Proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y de organización de la Generalitat. Casi en el tiempo de descuento, este grupo político ha presentado una “Enmienda a la totalidad” que no es sobre los “Presupuestos generales” para el próximo ejercicio 2021, sino sobre la que recibe el nombre de “Ley de acompañamiento”. Las razones esgrimidas son sencillas: el grupo no comparte “los principios y el contenido del citado proyecto”. Argumentan con precisión que esta ley “es un cajón de sastre legislativo, con medidas y reformas que nada tienen que ver con los presupuestos”. 

    No se quedan ahí. Afirman que esta manera de proceder, por muy habitual que sea, “genera confusión legislativa y jurídica que va en contra del propio espíritu que debe acompañar cualquier regulación normativa”. Señalan que ese proyecto, además de no recoger los cambios suficientes para llevar a cabo lo firmado en el Pacto de reconstrución para afrontar la triple crisis (sanitaria, social y económica), pretende una reforma improvisada y nada rigurosa “que supone asfixia fiscal para todos los valencianos”. Hasta aquí la argumentación y la reacción de este grupo parlamentario. Sin embargo, con esta reacción no se soluciona el enorme desconcierto que el partido de Arrimadas, Cantó y Garicano están generando. 

    No se han dado cuenta que el término “presupuestos” no describe solo el cómputo anticipado o la cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generales, sino también los motivos, causas o pretextos de una acción. Además de un significado económico, tienen un significado casi metafísico. Incluso hay un significado moral que no por estar en desuso es menos importante. Describe los propósitos que el entendimiento elabora y pueden ser aceptados o rechazados por la voluntad. Aplicado a Ciudadanos, no sabemos si esta enmienda es un guiño a sus votantes desconcertados, un señuelo teatral para la discusión parlamentaria o la expresión de un caos organizativo ante la falta rumbo global en esta tortuosa navegación pandémica. Después de ver cómo los partidos del gobierno hacen prácticas de trileros cuestionando el sistema constitucional, ocultando 21 millones por aquí y descontando 4 millones por allá, al ciudadano medio le gustaría ver políticos que tuvieran los presupuestos claros. Si no los económicos, al menos los éticos. " Podéis ver el artículo completo en: https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/presupuestos-ciudadanos-20201114005716-ntvo.html

Arendt, Eichmann en Jerusalén

 https://iecoinstitute.org/eventos/programa-grandes-libros-sesion-9/

Enlace a la presentación y podcast: 

https://www.ivoox.com/eichmann-jerusalen-h-arendt-un-estudio-audios-mp3_rf_60982541_1.html

Despotismo informativo

Minutos antes de que el Falcón de Sánchez anticipara las lluvias torrenciales en Valencia, el BOE del jueves nos sorprendía con una orden del pomposo “Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria democrática” donde se hace público el “procedimiento de actuación contra la desinformación”. El texto confirma que este gobierno tiene voluntad de convertirse en un verdadero aguacero con tormentas para anegar libertades, destrozar sembrados y arrasar las cosechas de la reciente democracia española. Cuando leemos el texto comprobamos que además de padecer una DANA meteorológica (Depresión Aislada en Niveles Altos) estamos padeciendo una DANA política como “Destrucción Asegurada de la Neutralidad Administrativa”. Todos los manuales clásicos de liberalismo político están siendo destrozados por unas prácticas i-liberales que suponen un retorno calculado al autoritarismo tradicional. 

Además de luchar contra la pandemia hay que luchar contra la “infodemia” o desinformación. “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo” era una famosa máxima que se aplicaba a los monarcas que ejercían despóticamente el poder. También la trasladamos al paternalismo médico cuando el profesional de la sanidad se desentiende del juicio del paciente. Despotismo y paternalismo describen procedimientos contrarios a la voluntad de pacientes y ciudadanos. Georg Orwell nos recordaba que además de los ministerios del Amor, la Paz y la Abundancia, hay un ministerio de la Verdad cuya función es la gestión de las mentiras. Leído con la ingenuidad de un ciudadano medio, el texto presenta un gobierno paternalista preocupado por la salud y el bienestar de los súbditos. 

 La norma busca amparo en directrices de la Comisión Europea que define la desinformación como “información verificablemente falsa o engañosa que se crea y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público”. Aplicada con efectos retroactivos, Sánchez tendría que revisar la información sobre su tesis, Iglesias la versión sobre las residencias o las tarjetas destruidas, también la supresión de los órganos de transparencia, el encubrimiento de las evidencias epidemiológicas en vísperas del 9M, la manipulación de datos durante la pandemia o las estrategias de engaño con rango de mentiras de Estado, algo que en estos tiempos también es nocivo para la salud. Europa no legitima los embustes. Esta norma inmuniza al gobierno para vivir de espaldas al pluralismo, la deliberación pública y la verdad. Desconocen la responsabilidad, tienen miedo a la libertad." Podéis ver el artículo completo en :https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/despotismo-informativo-20201107003256-ntvo.html

Seis meses sin cobrar

El pasado jueves los diputados aprobaron un estado de alarma políticamente escandaloso y éticamente impresentable. Por primera vez en el constitucionalismo contemporáneo se normaliza una herramienta excepcional. Durante la primera ola de la pandemia asistimos a prórrogas sucesivas de dos semanas. Aquél ejercicio quincenal de rendición de cuentas nos permitía comprobar un legislativo vivo que ejercía su función de control regular al ejecutivo. Asistimos a momentos históricos de la presente legislatura y pudimos observar el tétrico semblante de algunos ministros cuando se denunciaron en sede parlamentaria sus mentiras, malas artes y trampas en la práctica política. Vimos un parlamento retóricamente vivo en el que sus señorías se ganaban el sueldo. 

Con 194 votos a favor, 99 abstenciones y 53 en contra, sus señorías han aprobado la propuesta de estado de alarma que les presentaba un presidente incapaz de dar la cara. Ni siquiera tuvo la decencia de dejar una cartera o carpeta para aparentar presencia. Si alguna de sus compañeras le hubiera colocado el bolso, como hizo Soraya con Rajoy, aún diríamos que quiso pero no pudo. Ni quiso, ni pudo, ni hizo lo más mínimo por cargar con las responsabilidades. A diferencia de otros políticos europeos que también se han visto obligados a normalizar la excepcionalidad, nuestro presidente les dijo a los diputados que se buscaran la vida. Y a los ciudadanos españoles que se desentendía del parlamentarismo liberal: control de la actividad gubernamental, escenificación de los disensos y consensos partidistas, transparencia en la retórica argumental, orden en el uso y valoración de la palabra pública en el ejercicio del poder. 

Aunque se admitió la transaccional de Esquerra para que el gobierno, si lo considera oportuno, rinda cuentas cada dos meses, sus señorías no sólo han enterrado a Montesquieu y la liberal separación de poderes, sino que han dado una lamentable lección de ética pública: han cometido un fraude de ley. No estaba en el espíritu, ni en la letra de los constitucionalistas la normalización de la excepción cuando redactaron el artículo 116. Menos aún en la LO 4/1981 que lo regula apelando a términos como “estrictamente indispensable”, “proporcionado a las circunstancias”. Y esas normas no plantean la dación de cuentas como una graciosa posibilidad, sino como una necesaria obligación moral. Esta es una de las causas de la desafección, la desmoralización cívica y la desconfianza. He aquí una lección de autoritarismo i-liberal. Otro gallo cantaría si sus señorías estuvieran seis meses sin cobrar. Podéis ver el artículo completo en: https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/seis-meses-cobrar-20201031004732-ntvo.html