Límites de la justicia informativa

"El juicio al ex presidente Francisco Camps debería ser estudiado con detalle en todas las facultades de comunicación. El veredicto del jurado popular expresa la justicia de los tribunales y la justicia de uno de los tres poderes de las democracias modernas: el poder judicial. Montesquieu se limitó a exigir la separación del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial sin caer en la cuenta de que estaba surgiendo un nuevo poder de mayor trascendencia moral que los anteriores: el poder informativo.

Hoy los tres poderes tradicionales saben que los equilibrios necesarios para su separación dependen del poder informativo. Ninguna teoría de la democracia se construye al margen del poder informativo y nadie es capaz de pensar la vida cotidiana de las sociedades abiertas y democráticas sin el cuarto poder. Aunque los veredictos judiciales determinen la culpabilidad o inocencia de un acusado, hay un código penal informativo que se está empezando a construir en las últimas décadas, un nuevo código presidido por la pena del telediario. Quienes tienen la responsabilidad de producir, editar y dirigir un telediario saben que si condenan a una persona a la pena del telediario su vida nunca será igual.

Si a la pena del telediario se le une la pena del titular de primera página, el afectado no sólo dejará de ser un ciudadano con derechos sino que se convertirá en un deplorable ejemplo para la amnésica e irreflexiva ciudadanía televisiva. Ni el mejor de los abogados, ni la mejor campaña de imagen podrá devolverle la inocencia. Si a ello añadimos la pena de las tertulias donde diariamente se realizan comentarios verbales sobre indicios, rumores, cortinas de humo, juicios irreflexivos o se siembran dudas sobre la honorabilidad de un personaje público, resulta que convertimos al ser humano que hay debajo de todo personaje público en estropajo, disponible únicamente como carne de terapeuta.

Cuando se aplican sin piedad estas penas, no sólo hacemos un flaco favor a la anémica ética democrática sino que destruimos la sagrada presunción de inocencia. Es muy fácil destrozar informativamente a una persona y resulta casi imposible reponerla informativamente en su dignidad. Hay daños humanos irreparables y las empresas periodísticas podrían evitar malas prácticas calibrando mejor sus responsabilidades. Ningún poder se libra de su perversión y el caso Camps también debería servir para plantear los límites de la omnipotente justicia informativa." Tenéis el artículo completo en Las Provincias, 27/01/2012.

Fragilidad institucional

"Una de las noticias más sorprendentes de esta semana la ha protagonizado el Ministro de Hacienda. Después de proporcionar un salvavidas financiero a las autonomías, nos anuncia que en la próxima ley de transparencia se perseguirá penalmente a los responsables políticos que incumplan con los requisitos presupuestarios. Aunque es difícil saber cómo se articulará esta iniciativa en el desarrollo normativo, se trata de una medida bien acogida por una ciudadanía empobrecida, perpleja y desmemoriada, muy harta de cargar con la irresponsabilidad de algunos políticos incompetentes.

El gobierno debería tener más cuidado al proponer este tipo de iniciativas porque no sólo promueven la demagogia fácil y barata sino que consiguen un efecto contrario al que, a primera vista, persiguen. En lugar de introducir serenidad, prudencia y responsabilidad, en el sentido de accountability o rendición efectiva de cuentas, alimentan cierto ánimo de venganza, discordia y enfrentamiento. La iniciativa no sólo ha sido acogida con morbo y satisfacción popular sino con lo que los clásicos llamarían fruición, es decir, con cierto regusto y gozo anímico.

En lugar de reducir la distancia entre gobernantes y gobernados, promover la autocrítica sobre el cáncer de la cuotización partidista de las administraciones públicas, incentivar la responsabilidad para restituir lo robado o contribuir a un diagnóstico serio sobre la crisis financiera de las autonomías, resulta que volvemos a la receta clásica del palo y la zanahoria. Con políticas de venganza no vamos a ningún lado, y menos ahora que carecemos de narrativas políticas nuevas, atractivas, realistas y corresponsabilizadoras.

El gobierno parece más preocupado por una cirugía de urgencia que por una medicina preventiva. En el contexto político complejo de la primavera de 1918, Ortega publicó sin firma un artículo en el que advertía al gobierno la necesidad no sólo de detener los conflictos sino de resolverlos. Podemos solucionar un problema de tesorería o indisciplina financiera, pero debemos preguntarnos por las causas políticas que lo genera. Los problemas de tesorería no son imputables únicamente a gestores políticos que pervierten o abusan del derecho administrativo y las mínimas reglas de contabilidad pública. Son imputables a la fragilidad moral de las instituciones públicas patrimonializadas por partidos, sindicatos y élites mercantilizadas sin sentido de estado ni altura de miras. Unas instituciones a las que no sólo faltan normas, controles o ejemplos, sino ciertos valores compartidos que frenen la metástasis de su pulverización." Tenéis el artículo completo en Las Provincias, 20-01-2012.

Recortes sin relatos

"Esta semana tanto Fabra como Rajoy han tenido que dar explicaciones públicas de las medidas económicas. En contra de lo previsto en sus agendas, la opinión pública está presionando de tal manera que los responsables de sus gabinetes se han visto obligados a construir con urgencia un relato económico para justificar no sólo el paquete de medidas económicas sino lo que presumiblemente se plantea como un recorte en los derechos de los funcionarios públicos y, en general, el adelgazamiento postnavideño de todas las administraciones.

Sin entrar a valorar la cantidad precisa que necesitamos para cumplir los requisitos europeos, la falta de sinceridad con la que hasta ahora habían trabajado las distintas administraciones y el desconcierto ideológico, es importante abrir un debate público sobre el tipo de relato ético, político y cultural con el que justificar el ajuste. Llamo relato al conjunto coherente de convicciones, argumentos y creencias con las que dar cuenta y razón de las iniciativas políticas. Aunque sea difícil encontrar algún relato coherente, sistemático y ordenado, la opinión pública echa de menos saber a qué atenerse.

Llevamos varios meses oyendo voces que reclaman recortes como si los altos cargos participaran en una olimpiada de recortes sin plantear su sentido y valor. La argumentación no termina cuando se nos da una cifra, un dato o un número. Más allá de las convergencias financieras, nos gustaría que se nos dijeran al servicio de qué valores hemos puesto las cuentas. Los ajustes, las contabilidades y los recortes no son herramientas ética, política y culturalmente neutrales, están al servicio de un proyecto de sociedad. Y nos gustaría saber si nuestros responsables tienen un proyecto de sociedad u otro, si saben hacia dónde nos llevan y si saben que detrás de todo programa económico hay un proyecto de sociedad.

Ni los mercados ni las administraciones son neutrales. Los ciudadanos no han votado más mercado y menos estado, los ciudadanos han votado austeridad, responsabilidad y sensatez. Es decir, recuperar una economía civil al servicio de la sociedad y no una economía miope que atomiza, fragmenta y promueve la desconfianza cívica. Recordemos que cuando Carville pidió que Clinton recuperase, frente a Bush, el famoso lema “la economía, estúpido” no lo hizo para recuperar el individualismo del homo oeconomicus sino el civismo del homo socialis. No es el estado, tampoco el mercado, ¡es la sociedad…!" Podéis encontrar el artículo en Las Provincias, 13.I.2012.

Las Cartas de los Reyes

"La mañana del día de Reyes siempre ha estado llena de preguntas incómodas. Preguntan que nos lanzan nuestros hijos sobre la gestión de los millones de cartas que han recibido los Magos y los problemas que han tenido para clasificarlas, distribuirlas y acertar si no con todos, al menos con alguno de los deseos que tenían. Si en la noche anterior se disparaba la imaginación de los niños, esa mañana se dispara la imaginación de los padres para aquietar el interrogatorio infantil.

La crisis ha incentivado de tal manera esta correspondencia que además de recibir las cartas de los niños, han tenido que gestionar las cartas de trabajadores en paro y familias enteras donde todos sus miembros están sin trabajo. Incluso han tenido que gestionar las cartas de los nuevos políticos que aún no saben por dónde empezar con las reformas.

A diferencia de las cartas de los niños, las de los políticos son más complejas y resulta más difícil cumplir con sus deseos; no se conforman con la play, la wii, un Ipad o una glamurosa colonia sino que, además, quieren que fluya el crédito, crezca la economía, disminuya el número de parados, las administraciones cumplan con sus deudas, no suban los impuestos y disminuya la prima de riesgo.

Cuando sus majestades deliberan para satisfacer estos deseos tan complejos y contradictorios descubren que las cartas están llenas de borrones, mentiras y contradicciones. Algunas resultan paradójicas porque en las primeras líneas se intenta cuantificar todos los deseos y en las últimas se reclaman valores o ideales. Por un lado se buscan indicadores matemáticos para que se incentive el consumo y los trabajadores tengan más renta disponible, y por otro se reclama la solidaridad entre las familias, la justicia o el bien común. No se lo ponen muy difíciles a los Magos porque no son conscientes de sus contradicciones, no se dan cuenta de que el individualismo metodológico y político es incompatible con la justicia social. No se dan cuenta de que el fortalecimimento de los vínculos familiares o vecinales es incompatible con la promoción del enfrentamiento, la irresponsabilidad, o indiferencia cívica.

Aunque afinemos nuestros deseos, la decisión de los Magos siempre tiene algo de sorprendente. Un amigo les pide este año que no mezclen las cosas como el año pasado, cuando les pidió una cuenta bancaria gorda y un cuerpo delgado." Podéis ver el artículo completo en Las Provincias, 6 de Enero de 2012.