Pero la complejidad de la comunidad no está
sólo en la dispersión ideológica de los grupos o colectivos sino en la propia
administración educativa. Algunas autonomías han dejado claro que no aplicarán
la ley, otras que la condicionarán al apoyo financiero y un pequeño grupo ha mostrado
su apoyo incondicional al Ministro por lealtad y coherencia institucional. Con
la actual estructura de competencias autonómicas es muy difícil que podamos
hablar en serio de igualdad de los españoles ante la ley, sea en el ámbito
educativo, social o sanitario.
Los profesores y maestros estamos
desconcertados porque las reglas de juego en este ámbito de la función pública no
están claras, es decir, porque no encontramos en ningún sector un horizonte
profesional basado en la competencia, el mérito y la imparcialidad. Si los
ciudadanos supieran cómo están los tribunales de contenciosos administrativos
que los docentes hemos interpuesto se llevarían las manos a la cabeza de la
arbitrariedad, la impunidad y hasta falsedad en documento público que proceden
de las administraciones educativas. Algún compañero ha sugerido que nos dejemos
la vía administrativa y adoptemos la vía penal.
Quizá lo más grave sea la desmoralización que
se percibe en los claustros, los pasillos y las aulas. Los educadores que se
opusieron a la LOGSE y la LOCE esperaban un nuevo modelo que esta acomplejada
ley no se atreve a diseñar. El horizonte de inseguridad e inestabilidad
normativa que condiciona el acceso, el desempeño y la evaluación de los
aprendizajes, dificultan la ilusión, el entusiasmo y florecimiento de la
vocación educativa. Aunque las clases se den, los horarios se cumplan, los
centros funcionen y las pruebas de nivel se superen, alguien debería preguntarse,
¿qué virtudes, modelos y ejemplos estamos transmitiendo?" Podéis ver el artículo completo en Las Provincias, 25 de octubre de 2013.



