Los decretos que se elaboran en este
ministerio están técnicamente bien hechos, no sólo porque los hacen
inaccesibles a la gran mayoría de los ciudadanos, sino porque los hacen
incomprensibles para cualquier líder político, sindical o vecinal que quiera
proporcionar razones para oponerse a la subida de la luz. Además del galimatías
normativo, el laberinto de fórmulas a los que hace referencia y la selva de
disposiciones que es preciso conocer, estos decretos están llenos de un
paternalismo perverso cómplice de los oligopolios que intervienen en el sector.
Un paternalismo con el que se oculta un intervencionismo descarado que atenta
contra las leyes básicas de la competencia y muestran un afán recaudatorio
desmedido.
Fíjense que la subida del recibo no sólo se
realiza para una “asignación equilibrada de costes”, “corregir
desajustes”, y promover valores como la
“sostenibilidad económica” y la “seguridad en el servicio”. Se realiza, sobre
todo, para corregir normativas anteriores en las que aparecían expresiones tan
interesantes como las de “bono social” o “déficit de tarifa” y proponer algunas
tan sorprendentes como las de “potencia de respaldo” o “rentabilidad
razonable”.
El interés que los ciudadanos tenemos por la
transparencia también tendría que aplicarse a este sector lleno de trampas
semánticas. No es un problema de pedagogía en el recibo de la luz, sino de
ética pública. Las renovables no son las responsables de la falta de rumbo en
el sector energético. Un sector innovador que genera puestos de trabajo,
internacionalmente reconocido y que está padeciendo la falta de una política
energética diseñada sin visión de estado. Seguimos padeciendo los vaivenes de
una política energética errática donde la liberalización de la producción,
distribución y comercialización ha sido más aparente que real; una política
energética poco clara, antiecológica y costosa que no incentiva el ahorro y la
sostenibilidad familiar, que penaliza el autoconsumo, que destruye puestos de
trabajo y que provoca inseguridad jurídica." Podéis ver el artículo completo en Las Provincias, 26 de julio de 2013.




