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Uno de
los temas centrales de la campaña electoral que estamos a punto de comenzar
será el educativo. Mientras los partidos terminan de perfilar sus propuestas y
toman sus posiciones para mantener, reformar o derribar la LOMCE, Pedro Sánchez
ha tomado la iniciativa proponiendo sacar la religión del sistema educativo y
anunciando que quiere modificar los acuerdos con la Iglesia Católica para
conseguir una España laica. Aunque otros compañeros de partido han matizado la
propuesta, en la comunidad educativa ha emergido, como un Guadiana electoral,
la religión como arma arrojadiza en el debate político.
Aunque
algunos no se lo crean, fue un problema difícil durante el franquismo porque
las posiciones de algunos ministros muy católicos del régimen no coincidían con
las posiciones de los prelados muy fieles a la doctrina de la Iglesia. Quiénes
conozcan la correspondencia cruzada entre Joaquín Ruíz Jiménez, a la sazón
Ministro de Educación, y Marcelino Olaechea, por entonces Arzobispo de
Valencia, sabrán que la propuesta socialista no es nueva. También fue un
problema difícil durante la transición y prueba de ello fue la salomónica
decisión con la que se obligó a los católicos a vivir con el corazón partido.
En 1979 se modificó la Ley General de Educación para que los creyentes tuvieran
que elegir forzosamente entre Ética y Religión. Apareció entonces el sambenito
de “la alternativa”, como si la formación para ejercer la ciudadanía y para
madurar razonablemente las creencias religiosas fueran itinerarios alternativos.
Como el
problema no se solucionó bien, cuando Zapatero propuso la LOE con la Educación para la Ciudadanía, el
problema se agravó. No se complicó únicamente por cuestiones antropológicas
relacionadas con la dosis de laicismo que la propuesta suponía, sino por la
situación laboral de los profesores de Religión y la progresiva depreciación
del Área de Religión. Si añadimos la discrecionalidad de las autonomías para
administrar con desgana la integración del Área en el sistema, el panorama no
puede ser más desolador. En los centros de titularidad pública hay muy pocas
autoridades convencidas del valor de esta área en el sistema educativo;
distribuyen las horas y respetan la materia con poca convicción pedagógica, lo
hacen únicamente por imperativo legal.
El nuevo
parlamento debería afrontar con seriedad académica y garantías jurídicas la
enseñanza de la Religión en el conjunto del sistema educativo. En lugar de
utilizar lemas decimonónicos (escuela única, pública y laica) deberíamos
utilizar argumentos públicos para civilizar controversias y plantear el debate
en los términos que requieren sociedades abiertas, democracias avanzadas y
escuelas inclusivas. Es importante una visión más lúcida que integre a todos
los miembros de la comunidad educativa, es decir, que integre a familias,
maestros, vecinos, medios de comunicación, expertos y, en general, todos los
protagonistas del vulnerable y complejo espacio público educativo global. Para
ello propongo tres modelos que nos pueden ayudar a clarificar posiciones.
En las
tradiciones liberales y socialdemócratas hay un presupuesto básico que apareció
en el 2005 cuando la Comisión Stasi reguló el uso de los símbolos religiosos en
la escuela francesa, en el año 2006 cuando Habermas y Ratzinger conversaron
sobre la secularización en la era de la globalización y en el año 2007 cuando
Charles Taylor publica La Edad secular,
su monumental obra sobre la secularización: el principio de laicidad positiva.
¿Cómo gestionarla?
a.- El primer modelo la interpreta desde la nostalgia de un
régimen confesional, es decir, identificando el espacio público educativo con
una confesión religiosa mayoritaria que tiende a patrimonializar la dirección,
gestión y administración de la educación. No se atribuye carácter positivo a la
condición de imparcialidad o neutralidad de las administraciones públicas
porque representan una determinada mayoría social y religiosa. Hay una
resignación ante lo que significa la modernidad y una minusvaloración
epistemológica del pluralismo, sobre todo porque no supone un compromiso
explícito con la verdad explícita de la que son portadoras las creencias
religiosas. Resignados ante sociedades pluralistas no nos queda más remedio que
aceptar la laicidad, aunque sea como laicidad
depreciada.
b.- Una segunda interpretación recibiría el nombre de laicidad beligerante. Es la posición que
con mayor claridad aparece en las propuestas laicistas. En lugar de separar
estado y sociedad, poder político y comunidad nacional, esta posición reclama
el poder administrativo del estado para imponer a la sociedad un determinado
modelo de comunidad educativa. En lugar de plantear un espacio público
educativo abierto donde escuela y familias colaboran, construye un espacio
público educativo de espaldas a las familias. La escuela es el espacio de una
moral pública luminosa construida desde la ciencia, la razón, la ley y la
justicia. La familia es el espacio oscuro de una moral privada construida desde
el mito, la magia y el capricho. Se confunde el espacio público con el espacio
político-administrativo y se minusvalora la moral pública de las familias,
sobre todo cuando no coincide con la moral política de los representantes político-administrativos.
c.- Para promover una laicidad
positiva tenemos que estar convencidos de dos cosas: primero que el Área de
Religión tiene un valor formativo tan importante como el resto y segundo, que
el espacio público educativo es una oportunidad privilegiada para la
civilización de las confesiones religiosas. Es un espacio privilegiado para
plantear la razonabilidad de las confesiones y promover unos mínimos
compartidos de ciudadanía común. Un modelo complejo avalado por uno de los
valores fundamentales de nuestra constitución: el pluralismo.
Para
saber más:
Ciudadanía activa y religión. Fuentes pre-políticas
de la ética democrática.
Encuentro, Madrid, 2012, 2ª ed.