Menos diputados, más democracia

"Esta semana se ha producido una especial coincidencia. Por un lado, el pleno de las Cortes Valencianas aprueba la iniciativa de reducir el número de diputados para que pasemos de 99 a 79 representantes. Por otro, hemos terminado los primeros temas de ética política donde nos detenemos en la figura de Max Weber. La reducción de diputados autonómicos forma parte de una estrategia más amplia de reducción de gasto y debemos preguntarnos si por fin los políticos se han decidido a leer aquellas páginas de la conferencia que este sociólogo impartió a principios del siglo pasado y llevaba por título La política como vocación.

Como les dije a mis alumnos, quienes deseen dedicarse a la actividad política o cedan su nombre para ir en las listas de un partido, deberían pasar un examen previo sobre las ideas que planteaba Weber. El texto es sugerente y su actualidad es inversamente proporcional a la calidad moral de nuestra democracia. Son páginas que plantean varios modelos de ética en la actividad política: entre la ética de la convicción y el rastrero pragmatismo sin alma, Weber ofrece la alternativa de la ética de la responsabilidad.

Lo interesante no está solo en esa distinción, sino en la presentación de tres formas de ejercer la política: (a) el político profesional como aquella persona que hace de la política su fuente duradera y única de ingresos, (b) el político ocasional que somos cada uno de nosotros cuando ejercemos nuestros compromisos de ciudadanía y expresamos nuestras preferencias políticas. Entre uno y otro, está el político semiprofesional, aquellos profesionales que se ganan la vida fuera de las intrigas partidistas y asumen cargos políticos por necesidad, es decir, son personas que prestan un servicio a los conciudadanos sin hacer de ello su medio de vida. En este grosero nivel crematístico se sitúa la diferencia entre la política como vocación y profesión.

Si reducimos el número de diputados y no incrementamos su calidad, el descrédito popular se convertirá en desprecio público. La ejemplaridad cívica que esperamos ahora no es un problema matemático sino un problema ético, es decir, de visibilidad en la honestidad, de regeneración de estructuras, de sustitución de mediocres incompetentes, de clarificación en las responsabilidades generacionales y, sobre todo, de culpabilidades personales. Problema de difícil solución cuando ciertos líderes en sus partidos carecen de convicción y desprecian su tradición."

Podéis leer el artículo completo en Las Provincias, 28 de Septiembre de 2012.

Las cárceles y el Padre Ximo

"Esta semana hemos conocido el voto particular de un magistrado de la Sala de lo Penal ante el recurso que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había realizado por la excarcelación del etarra y preso Jesús María Uribetxebarría Bolinaga. Según el magistrado, a pesar de la gravedad y el carácter crítico de la enfermedad, no hay peligro “patente” y ningún facultativo ha probado que exista “riesgo de muerte patente”. Si hubiera “peligro inminente” la justicia le eximiría de tener que arrepentirse o pedir perdón, algo que aún no ha hecho.

Aunque el gobierno y el PP quieran transmitir a la opinión pública que se trata del respeto escrupuloso de la legalidad, los ciudadanos debemos aplicar el principio de sospecha. Hay argumentos jurídicos sólidos para conceder la excarcelación, como así lo ha entendido por mayoría la Sala de lo penal, que no el Pleno, de la Audiencia Nacional. Argumentos tan sólidos como los expresados en este voto particular que, en otras circunstancias políticas y administrativas, habrían avalado otros magistrados de la Audiencia.

Este despliegue de sensibilidad jurídica y precisión argumentativa muestra que nuestro sistema penal trata individualizadamente a los reclusos, es decir, que se produce un trato personalizado y singular. Así lo regula el reglamento de instituciones penitenciarias que aplica el Derecho Penal. Quien conozca el funcionamiento de nuestro sistema penitenciario y, sobre todo, quienes trabajan diariamente con los presos, conocen la plasticidad de los argumentos que se utilizan para conceder el tercer grado o la excarcelación por motivos de salud. Quien pregunte a los funcionarios y, sobre todo, a los voluntarios que atienden silenciosa, callada y solidariamente a los presos sabe que, en la concesión de esta merced, la discrecionalidad política ha pesado más que la singularidad del recluso.

Es una pena que no podamos preguntarle al Padre Ximo. Nos dejó en Agosto después de cuarenta años acompañando a presos por los que daba la cara diariamente. Presos pobres y pisoteados que no tuvieron el privilegio de ser noticia, presos desahuciados a los que se les devolvía la dignidad con su frágil figura de cura pobre, humilde y alegre. Aunque en la fiesta de la Merced de este año no esté con nosotros, fue modelo y ejemplo admirable que anima para construir una justicia con verdadero rostro humano, testimonio vivo de quien siempre será llamado el padre de los presos." Podéis ver el artículo completo en Las Provincias, 21/09/2012.

El curso de la fiambrera (tupper ware)

"El martes pasado, la Secretaria General de Educación presentó el informe que ha realizado la OCDE sobre el panorama de la educación en España 2012. El informe señala varias desproporciones de nuestro sistema. La primera entre el gasto que se realiza y la eficiencia de los resultados. La segunda entre el elevado número de normas educativas y su escasa utilidad en la vida cotidiana de los centros. La tercera entre el incremento del profesorado sindicalmente administrado y la progresiva disminución del entusiasmo en el cara-a-cara con los alumnos.

Cuando el Ministerio ha presentado este informe no lo ha hecho solo para sentar las bases de la enésima reforma anunciada. Lo ha hecho para que la fiambrera o tupper ware no sea protagonista del nuevo curso. Será difícil que las sesudas reformas educativas desplacen de la primera línea informativa un recipiente con tanta carga simbólica como la fiambrera o tupper ware. Cuando algunas lumbreras pedagógicas advirtieron que los colegiales deberían pagar por el simple hecho de llevar bocadillo al colegio, muchos creíamos que las altas temperaturas no sólo incrementaban el riesgo de incendios sino que chamuscaban las pocas sinapsis neuronales de sentido común que aún se aloja en algunas comunidades educativas.

Para colmo, algunos amigos me dicen que hay comunidades autónomas en España donde está prohibido no solo que los niños lleven bocadillo sino que lleven el tupper. Argumentan razones de higiene, seguridad alimentaria, calidad de vida y salud infantil. Razones a las que acuden los defensores de férreas normas administrativas para exigir el impuesto revolucionario de la fiambrera. Ya nos recordó Hannah Arent que el totalitarismo es una tentación permanente de todas las épocas. También Tocqueville advirtió los peligros del despotismo democrático.

Quizá estamos ante el símbolo de una revolución donde el poder educativo no estará en las administraciones sino en la libertad y la responsabilidad de los padres. Cuanto menos se legisle y se burocratice este tema mejor; cuanto más sentido común, mejor. Cuanto antes empecemos a organizar desde abajo, es decir, los propios ciudadanos se comprometan e identifiquen con sus servicios públicos, mejor. En la educación por una razón muy sencilla: cuando mayor sea la autonomía del centro para gestionar equipos, administrar recursos, contratar profesores, mejor; mayor será la responsabilidad de los padres. El tupper no sólo anuncia un curso de austeridad sino que inaugura tiempos de corresponsabilidad familiar." Podéis ver el artículo completo en Las Provincias, 14 de septiembre de 2012.

Administrar y gobernar

"El inicio del curso político está marcado por la incertidumbre. No solo por la incertidumbre económica del posible rescate y la consiguiente clarificación del horizonte macroeconómico, sino por la incertidumbre institucional introducida por la convocatoria anticipada de elecciones en las comunidades gallega y vasca. Junto a la incertidumbre política y económica hay una incertidumbre administrativa y organizativa cuando los criterios de gestión, administración y aplicación de las normas tienen poca estabilidad en los diferentes niveles administrativos.

Los cambios que se están produciendo (en sanidad y educación son claros) suponen un considerable ahorro en recursos financieros para las arcas públicas pero están suponiendo un considerable gasto en energías y recursos humanos. No me refiero al despido de interinos o laborales. Tampoco a la anulación de expectativas profesionales y la consiguiente desmoralización para quienes tienen vocación de servicio público en futuribles oposiciones.

Me refiero a la pérdida de energías y recursos que suponen los cambios de criterios en la contabilidad, la gestión de los tiempos y la adaptación a entornos de inestabilidad institucional. Las razones presupuestarias, la discrecionalidad política y cierta falta de ilusión política han introducido un horizonte de inestabilidad que puede dificultar el crecimiento, generar un repliegue individualista, dificultar la confianza en las instituciones, desincentivar a los profesionales, e impedir la reanimación de una ciudadanía desmoralizada.

Ni Osborne, ni Drucker ni el recientemente fallecido S. Covey nos habían preparado para gestionar la incertidumbre. Los teóricos tradicionales en el arte de dirigir organizaciones no nos habían preparado para esta mezcla de incertidumbre e inestabilidad. Quizá tengamos que acudir a las teorías del caos para explicar lo que está pasando en nuestra vida pública para encontrar alguna respuesta satisfactoria.

Sería bueno que nuestra clase política encontrara un poco más de tiempo para hacer memoria, para leer, estudiar y acercarse a los clásicos. En algunos hay una distinción aristotélica importante que está en la base de todas las escuelas de negocios, la diferencia entre administrar y gobernar. La buena administración es una condición necesaria para el buen gobierno, pero no es una condición suficiente. Los administradores gestionan datos, cifras y letras. Los gobernantes gestionan dotes, ilusiones y valores. Entre una y otra se plantea la necesidad de contar con líderes que gestionen la incertidumbre proponiendo metas colectivas, fortaleciendo valores y, si fuera posible, evitaran que los ciudadanos perdieran su tiempo en caprichos partidistas." Podéis ver el artículo completo en Las Provincias, 7 de septiembre de 2012.