Indignación y cambio social: la hora del discernimiento

La Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal española celebró del 12 al 14 de septiembre el XXIII Curso de Formación en Doctrina social de la Iglesia. Este año las jornadas llevaban por título Hacia una política del encuentro y en ellas intervine en una mesa redonda para analizar las causas de la indignación. Compartí mesa con el profesor Jesús Sanz y el escritor Valentí Puig quienes se centraron en las reducciones del gasto social y la alteración del contrato social que la crisis ha producido. Distinguí entre una indignación saludable que dinamiza el cambio social y una indignación patológica propia del populismo en general, y de las dinámicas de los “Indignados” del 15M, en particular.

La indignación es una categoría moral básica sin la cual no podríamos entender las dinámicas de justicia social. Hay sensibilidad moral cuando no confundimos lo real con lo bueno, lo que hay con lo que debe haber, el orden del ser con el orden del deber ser. La indignación está en la base de todas las movilizaciones sociales, de todas las revoluciones y de todos los procesos de cambio social, sin ella estaríamos instalados en el conformismo, el aburguesamiento y el aborregamiento. Sin indignación no habría tensión entre los mínimos de justicia de una sociedad democrática y los máximos de felicidad de las tradiciones morales; tampoco habría inquietud o disposición para modificar, cambiar o reformar actuaciones que consideramos injustas.

Hay una indignación que podríamos llamar saludable porque no sólo despierta la sensibilidad sino que activa el entendimiento y orienta la voluntad. Es saludable porque puede facilitar la capacidad de juzgar, la maduración y la ponderación de los medios que se utilizan para conseguir determinados fines. Algunas dinámicas de cambio social que se produjeron durante la transición española fueron posibles porque muchos de los indignados en aquel momento practicaron la prudencia, el discernimiento y mantuvieron despierta en todo momento su sensibilidad por la justicia social. El reformismo social requiere de la indignación saludable para mejorar y perfeccionar la democracia. Recordemos el famoso artículo que publicó el profesor Augusto Hortal en 1978 y que llevaba por título: “La democracia como institucionalización de una utopía”.

Sin un horizonte utópico, la vida social está condenada al puro pragmatismo administrativo, por eso las dinámicas de cambio y de justicia social requieren una ética de las instituciones que mantenga viva la sensibilidad moral, la inquietud por la justicia y los niveles básicos de indignación. Lo saludable de la indignación a la que nos referimos está vinculado a los procesos de institucionalización, es decir, a la creación de hábitos, pautas, mores y ethos que realicen, materialicen o transformen en realidad buena los deseos o inquietudes.

A diferencia de la indignación “saludable”, la indignación patológica o enfermiza es aquella que desprecia las instituciones, se instala únicamente en utopías sin consideración temporal, en el ámbito de la ensoñación, la ilusión desencarnada y la instrumentalización emocional del lenguaje. Quienes pedían la “democracia real ya” se instalaban en el discurso de los puros fines sin considerar para nada el juicio, la proporcionalidad o necesidad de los medios. Los líderes del 15M instrumentalizaron los altos niveles de indignación saludable existentes de una sociedad que no había alimentado éticamente sus instituciones. La indignación es patológica cuando instrumentaliza la sensibilidad de la gente sencilla y de los afectados directamente por la injusticia, cuando introduce el mesianismo, el milenarismo y el paternalismo en los discursos políticos. La indignación es patológica cuando se olvida de la historia, las instituciones y, sobre todo, de una mínima cultura de la responsabilidad.

A diferencia de la indignación saludable, la indignación patológica desfigura la realidad de los pueblos, las instituciones y las gentes. La patología nace del falseamiento, de la distorsión, de la falsificación y de la deformación de las dinámicas sociales. En nuestras comunidades y grupos de referencia tenemos que estar más despiertos que nunca para que no se nos venda como indignación saludable la verborrea de una indignación patológica. La nueva militancia, el compromiso de vanguardia, el testimonio de frontera y la promoción de la justicia social requiere descubrir que la piedra de toque para distinguir entre una indignación y otra sólo tiene un nombre: “discernimiento”. Podéis ver el art. completo en http://entreparentesis.org/indignacion-cambio-social-la-hora-del-discernimiento/

Refugiados a la carta

"En septiembre se cumple un año desde que las autoridades valencianas anunciaran el compromiso público de crear una “Red de acogida de refugiados”. Los ciudadanos recordarán que el alcalde de Valencia y la Vicepresidenta del Consell no sólo fletaron un barco para visitar los campamentos de refugiados de las islas griegas, sino que se comprometieron a firmar un “documento declarativo” con aquellas autoridades e incluso el propio Ribó puso a disposición el edificio “Veles e vents” de la Marina Real.

Si evaluamos el impacto de estas iniciativas, comprobamos que las palabras se la lleva el viento y que esta fogosa voluntad de acogida se quedó en cenizas de palabrería. Aunque estas autoridades echen balones fuera y atribuyan al gobierno central la responsabilidad en las políticas de asilo y refugio, los valencianos deberían saber que sus autoridades conocen bien sus competencias en materias de política social y que, por lo tanto, cuando anunciaron esas medidas les engañaron, ya sabían que no tenían competencias en esas materias. Sin embargo, sí la tenían para mantener abierto el “Centro de Estudios para el estudio y la integración de los inmigrantes” (CeiMigra) y, paradójicamente, su cierre fue una de las primeras medidas del gobierno valenciano. Los firmantes del Pacto del Botánico no gestionan la memoria de estos temas, como si la inmigración, el refugio y el asilo fueran globos sonda y herramientas retóricas que se instrumentalizan para conmover emocionalmente a la opinión pública.

A esta instrumentalización deberíamos añadir la inacción de los gobiernos europeos en general y el gobierno español en particular. Aunque tengamos un gobierno en funciones, deberíamos preguntarnos por qué nuestras autoridades competentes sólo han acogido 500 y no 17.000, como se comprometieron. Como en otros muchos temas, en este de los refugiados la sociedad española es mucho más inteligente, solidaria, generosa y sincera de los que son sus políticos. Así lo ha demostrado un reciente estudio europeo sobre los solicitantes de asilo donde se muestra claramente que los españoles son los ciudadanos que menos pegas ponen a los solicitantes de asilo.

Esto no significa que debamos quedarnos con los brazos cruzamos como educadores públicos porque la situación es dramática. Solo en lo que va de año han muerto más de 3.200 personas ahogadas en el Mediterráneo. Además, el estudio al que nos referimos analiza los prejuicios que tenemos ante los refugiados y nos recuerda que los niveles de aceptación disminuyen si se tratan de musulmanes y pobres. Aceptación que aumenta si se trata de profesionales con formación que han sido maltratados, torturados o perseguidos por sus creencias o credos. Algún día deberíamos analizar con calma estas contradicciones porque el derecho humanitario no se creó para gestionar refugiados “a la carta”." Podéis ver el artículo completo en http://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/201609/25/refugiados-carta-20160925001537-v.html.

Enroque de Rita

"Hemos terminado la semana con dos noticias importantes para la salud democrática de nuestro país. Por un lado, el conocimiento de los 741 millones del fraude de los ERE de la Junta de Andalucía donde la Fiscalía imputa a los expresidentes Chaves y Griñán por delitos de malversación y prevaricación respectivamente. Por otro, la firma del PP en la propuesta de resolución de las Cortes por la que se solicita a Rita Barberá que renuncie a su acta de Senadora propuesta en representación de la Comunidad Valenciana. Aunque no ha sido una decisión fácil, la portavoz del PP en las Cortes se ha sumado a las clamorosas peticiones de una opinión pública que reclama la devolución del acta de Senadora.

En lugar de dar un paso atrás y defender su inocencia sin ventaja alguna, Rita Barberá ha decidido darse de baja en el PP y mantener los privilegios que le corresponden, sobre todo aquellos vinculados a su aforamiento. Le ha faltado tiempo al presidente de la Generalidad para recordarnos la distinción entre legitimidad y legalidad, avisando que la senadora está en su derecho porque la ley le ampara pero que ha perdido toda autoridad para los valencianos porque su conducta no es legítima, no se ajusta a los mínimos éticos de decencia en una moral pública democrática.

El tema no se ha zanjado con la propuesta de resolución firmada por todos los grupos de las Cortes, sino que los grupos se han conjurado para buscar fórmulas jurídicas con las que evitar este tipo de casos en los que se desprecia e instrumentaliza la legitimidad del nombramiento como senadora territorial. Es probable que no las encuentren en la normativa autonómica y tengan que remitirse a normativas constitucionales que regulan el estatuto de las Cortes Generales. Una vez propuesto y elegido, el cargo público no rinde cuentas únicamente al grupo político elegido o a la parte de España desde la que lo han propuesto. Aunque el grupo político o la cámara territorial le retiren la confianza, el diputado o senador mantiene unos privilegios que son de naturaleza estrictamente personal.

Quienes conocían bien a Rita sabían que ella nunca daría un paso atrás, que aguantaría hasta comprobar los apoyos partidistas o institucionales. Y sobre todo que ante el peor de los escenarios buscaría una interpretación estricta de la ley, sin concesión alguna a las variaciones interpretativas de los diferentes órganos políticos. Es probable que con ello consiga moverse mejor ante el Supremo, pero es difícil que pueda pasearse tranquila por la ciudad a la que se ha entregado en cuerpo y alma. Igual que, en justicia, asociamos su figura con la revolucionaria modernización de la ciudad, el Rojo alcaldesa o el caloret, también la asociaremos con una torpe, tardía y egocéntrica jugada defensiva que podemos llamar “enroque de Rita”." Podéis ver el artículo completo en Las Provincias, 18 de septiembre de 2016.

Revuelta al cole

"En la inauguración del curso de la Universidad Politécnica de Valencia, el rector D. Francisco Mora ha señalado que tenían otras expectativas con respecto al gobierno valenciano, que esperaban más cercanía a los problemas de la comunidad universitaria y más colaboración. Con estas palabras, otra institución se atreve a marcar distancias con la política educativa del conseller Marzá. No ha sido un portavoz de las aristocráticas universidades privadas, de la perversa escuela concertada o de las corporaciones pequeñoburguesas que defienden el individualismo capitalista. Ha sido un portavoz de instituciones públicas que se atreve a cuestionar en voz alta la política educativa de los firmantes del Pacto del Botánico.

Aunque en el Pacto se dice poco del modelo educativo, estos últimos cursos se esta produciendo una verdadera “re-vuelta”. No se vislumbra un horizonte de estabilidad y tranquilidad con el que las familias vuelvan a la normalidad de horarios, clases y programaciones. Casi todo está re-vuelto, y no sólo en el tema de las becas, las reválidas o los libros. Inspectores, directores y comunidad educativa, en general, tienen que ir arbitrando decisiones con las que aplicar unas normativas desconcertantes. La aplicación de las instrucciones sobre la gratuidad de los libros de texto pasará a la historia de la educación y del derecho administrativo como palmario ejemplo de improvisación, desconcierto y malas prácticas de gestión.

Marzá parece dispuesto a que cada vuelta sea una revuelta administrativa porque su equipo desconoce algo tan sencillo como los derechos fundamentales, la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos y las reglas que el derecho público y el administrativo ponen a los caprichos partidistas de los políticos. En lugar de aplicar una política educativa prudente, exigida por la incertidumbre del gobierno central en la aplicación de la LOMCE o las reformas universitarias, las medidas que han puesto en marcha no están exentas dogmatismo y sectarismo.

Buena prueba de ello es la campaña institucional con el lema “lo público para la pública”, dando a entender que con los presupuestos públicos se atenderán únicamente instituciones de derecho público, como si no hubiera instituciones de origen privado que desempeñaran funciones y ofrecieran servicios públicos. Con este lema, el gobierno valenciano incendia la sociedad civil para generar intencionadamente enfrentamientos, promover discordias innecesarias y activar un sectarismo hemipléjico que no conduce a ninguna parte. ¿Qué sentido tiene activar este sectarismo cuando la sociedad civil reclama a los políticos tender puentes entre “lo público” y “lo privado”? ¿Con qué autoridad moral se defenderá la colaboración industrial, económica, sanitaria y social en otros sectores si se rompen los puentes con el sector educativo?" Podéis ver el artículo completo en Las Provincias, 11 de septiembre de 2016.

Teatro y política

"Los cronistas parlamentarios han utilizado la palabra “escenificación” para describir la no investidura de Rajoy esta semana. Resulta curioso comprobar cómo la semana anterior se refirieron a la “escenificación” del acuerdo entre los representantes de Ciudadanos y del PP que firmaron los “150 compromisos para mejorar España”. Si nos remontamos a la anterior, también comprobamos que se utilizó la misma palabra para describir la respuesta de Rajoy a Rivera cuando le presentó las 6 condiciones para facilitar la investidura.

La escenificación es un proceso necesario en la vida pública de los pueblos y ha estado presente en la historia de la democracia, de ahí la importancia y valor de la retórica. Con la escenificación, los representantes políticos no sólo confirman su legitimidad sino que la hacen visible. Es lo que hoy llamaríamos un primer ejercicio de transparencia pública del poder. No es un proceso fácil porque hay que conectar con el pueblo y público para gestionar sus emociones. Es un proceso complejo que tiene sus tiempos narrativos donde actores y espectadores comparten una historia. Un proceso que se reproduce en todos los niveles del poder, desde el pleno municipal del pueblo más pequeño hasta la votación del presidente de la Comisión Europea. La escenificación no concede la legitimidad sino que la renueva y actualiza.Tan importante es la escenificación en la historia de la política que a veces se le ha dado más importancia a la apariencia que a la esencia, al espectáculo que al argumento.

Hoy la escenificación tiene que ser televisiva, mediática y digital. Esto no significa que tenga que carecer de convicciones, ilusión, entusiasmo, ironía y pasión. Aunque los actores tengan que estar pendientes de las cámaras y el lugar que se les asigna en las representaciones, tienen que tener claros sus papeles. La fuerza dramática no se consigue cuando se leen los papeles que el guionista ha preparado, sino cuando la interpretación está movida por creencias últimas. Por eso todo político y parlamentario, por muy mediático y tuitero que sea, tendría que haberse entrenado con los dramas clásicos de Electra, Hamlet o Don Juan.

Quizá estos análisis son excesivamente deudores del teatro clásico y no valen para los nuevos tiempos. Ahora bien, estos días no ha retornado la comedia dell’arte en versión digital ni estamos ante un teatro educativo o pedagógico donde los actores representan alguna virtud tradicional. Tampoco en un teatro de mimos o marionetas. Si preguntamos al público que con paciencia espera la dosis de representación diaria, es probable que nos conteste con ironía que, por la falta de lógica y carencia de secuencia dramática, estamos ante una versión del teatro del absurdo." Podéis ver el artículo completo en Las Provincias, 4 de septiembre de 2016.