La movilización de la España rural

"Aunque los de Teruel no hayan percibido las promesas que Pedro Sánchez les hizo cuando utilizó su voto para conseguir la investidura como presidente, los responsables políticos de ‘Teruel existe’ están exportando su éxito. En lugar de evaluar las mejoras reales en cada rincón, estos responsables políticos están fortaleciendo los argumentos de una revuelta cívica que puede cambiar las coordenadas parlamentarias de la próxima década. La revuelta se articula como plataforma electoral de la España rural para asaltar los cielos parlamentarios y representar lo que llaman la ‘España vaciada’. 

Preocupados por las encuestas y la macrogestión, los grandes partidos se han desentendido de una política de base, es decir, de una micropolítica de convicciones con las que sentir el quehacer político como una actividad servicial para la ‘teleadormecida’ ciudadanía. Como si los grandes partidos hubieran sido triturados por el contractualismo liberal o por el elitismo populista, como si se hubieran desentendido de los miles de ciudadanos hartos de percibirse ninguneados e insignificantes. Son gentes hartas de lamentarse y ver cómo en Cataluña o en el País vasco hay minorías significativas. Están cansados de que sus pueblos hayan perdido lo elemental: oficina de correos, caja de ahorros, escuela o ambulatorio. Se perciben en manos de mancomunidades hipotecadas por las cuotas de los grandes partidos. Retorna un alicorto republicanismo cívico que no es fruto del iluminismo universitario o del elitismo tecnocrático. A diferencia del cantonalismo decimonónico, se trata de un republicanismo mutualista que no pone en cuestión la monarquía, la constitución del 78 o los mimbres de una democracia avanzada. Un republicanismo que no enlaza con las malas experiencias españolas de vida republicana, sino con una gestión pragmática de los restos electorales que facilita la aplicación consensuada de la Ley d’ Hont. 

A excepción de europeas donde todos los votos valen lo mismo, en otros procesos electorales ‘los restos’ desempeñan un papel determinante. Según los cálculos demoscópicos, el último diputado de 29 provincias de la ‘España vaciada’ puede estar en juego. Son provincias donde el diputado necesita menos votos y donde es posible conseguir entre 14 y 20.000 votos. Aunque no consiga 29 diputados, la plataforma tiene una ventaja curiosa: recupera cierta espontaneidad, sinceridad, ingenuidad e inocencia moral de la ciudadanía. Los grandes la miran de reojo a la plataforma y la ignoran por un ensimismamiento orgánico que les impide renovar las convicciones básicas de un relato cívico donde David puede vencer a Goliat." Podéis ver el artículo completo en: https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/movilizacion-espana-rural-20211127001241-ntvo.html

Memoria de indocumentados

"Aunque utilizamos el adjetivo ‘indocumentado’ para calificar a quien no lleva documentos con los que identificarse, también sirve para describir a los ignorantes e incultos. Es el caso de algunos políticos que, en los debates parlamentarios, no se conforman con reescribir la historia. Son personajillos que se aprovechan de la debilidad de la coalición que gobierna para incendiar la vida cotidiana de los españoles con políticas de rencor y resentimiento. Tanto la formación política que encabeza el diputado Rufián de Esquerra Republicana, como la que encabeza el diputado Santiago de Unidas Podemos, están empeñadas en acorralar a los políticos socialistas para que aprueben sus sectarias enmiendas a la ley de memoria democrática. 

La aceleración con la que el ministro Bolaños ha tenido que acudir a los medios de comunicación para desmarcarse de las enmiendas que están proponiendo estos diputados indocumentados y, a su vez, la contundencia con la que algunos líderes autonómicos como el presidente de Aragón o el presidente de Castilla la Mancha han reaccionado para mostrar su respeto al régimen del 78, es una muestra de que la ley de memoria histórica que se está debatiendo proporciona pocos votos en estos territorios. Javier Lambán, Emiliano García Page y el propio Félix Bolaños saben que están cavando políticamente su fosa si se dejan llevar por estos indocumentados. La consolidación de la socialdemocracia friki con la que quieren seguir en el poder territorial exige gestionar mejor estas iniciativas de resentimiento, rencor y polarización calculada. 

La enmienda que proponían estos indocumentados pretende investigar lo que llamaban crímenes de lesa humanidad franquista, desconociendo la Ley de Amnistía del 77 y el principio de irretroactividad de nuestro sistema penal. No sólo están interesados en darle jaque mate al régimen de 78 y la concordia constituyente que lo hizo posible, sino en aprobar una ley de memoria ‘democrática’ claramente sectaria y guerracivilista. Los socialistas honestos, que aún existen, deberían espabilarse y denunciar esta manipulación obscena de la legalidad. Una manipulación de la historia que, leída con la profundidad que merece, no es fruto de incultos o ignorantes sino de mentalidades totalitarias donde el control narrativo del presente y el futuro viene determinado por el control hemipléjico del pasado reciente. Si de verdad estuvieran interesados por la credibilidad moral de una socialdemocracia constitucional podrían aprender mucho con las recientes memorias de Oscar Alaga: ‘La conquista de la transición (1960-1978). Memorias documentadas’." Podéis ver el artículo completo en:

https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/memoria-indocumentados-20211120234706-ntvo.html

La tarta del constitucional

"Esta semana, el Congreso de los Diputados ha elegido los cuatro juristas con los que se renovará el tribunal constitucional. La votación, secreta y telemática, no ha estado exenta de polémica. Algunos diputados han roto la disciplina y ciertos grupos parlamentarios han mostrado sus discrepancias con todo el proceso, edulcorado para la opinión pública como vuelta al consenso de los dos grandes bloques parlamentarios, el del gobierno y el del partido mayoritario de la oposición. Sin entrar a valorar el perfil de los magistrados propuestos, el procedimiento se parece mucho al reparto parlamentario que se hace de los llamados ‘entes públicos’ en general y, en concreto, el que se hacía de algunos entes públicos de triste, vergonzosa y costosa memoria, como las cajas de ahorro. 

Desde los primeros gobiernos de Felipe González, el concepto de ‘ente público’ se ha gestionado con criterios de cuotas parlamentarias. En función del reparto de escaños del correspondiente parlamento, las fuerzas políticas representativas se repartían la dirección, gestión y administración de estos entes. El resultado: una vergonzosa y negociada patrimonialización partidista de estos entes, como si los bienes comunes y públicos fueran una tarta que los partidos pudieran fragmentar y repartirse a su capricho. Es la primera y más básica lección de la Filosofía política: delimitar lo público y lo político. Aunque tranquiliza saber que no es algo propio de la política española (los italianos lo llaman ‘lotizzacione’), conviene conocer que es un error conceptual en el que incurren todas las variantes del marxismo, del populismo, e incluso la socialdemocracia friki que esta llegando. Propio también de partidos conservadores cuando se contaminan de prácticas antiliberales. 

En lugar de acordar los nombramientos y evitar lo que Juan Antonio Ortega llama ‘chisgarabis’ o ‘correveidiles’ de los partidos, se plantea la dirección, gestión y administración de las institucionales como reparto de poder. Acordar un nombramiento no es repartir un servicio. El crédito del tribunal constitucional y de las instituciones que vertebran una democracia liberal avanzada, que no están diseñadas para contentar a los asalariados del populismo o del elitismo, depende de su capacidad para generar acuerdos, no de su capacidad para trocear servicios públicos. Flaco favor han hecho nuestros parlamentarios al constitucional que aún debe explicar a la opinión ‘pública’ la colección de fracasos que acumula por retraso de sentencias y divisiones banderizas. Se lo ponen difícil para demostrar que sus resoluciones proceden de su autoridad moral y no de su poder político." Podéis ver el artículo completo en:

https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/tarta-constitucional-20211113234734-ntvo.html

Piratas de presupuestos

Uno de los disfraces que triunfó la víspera de todos los Santos, o noche de ‘Halloween’, fue el de pirata. Las criaturas que se lo pusieron no fueron conscientes de que imitaban a ciertos representantes políticos. La gobernanza de los pueblos se asemeja mucho a las actividades de los piratas cuando arramblaban con los bienes de las líneas regulares de navegación. Quien observe las negociaciones que los gobiernos nacionales y autonómicos están llevando a cabo para cerrar los presupuestos del próximo año, comprobarán que los grupos políticos minoritarios que facilitan la gobernabilidad lo hacen como si fueran piratas de una hacienda pública común que entienden como botín tribal e identitario. 

Ha sido el proceder habitual de las minorías catalanas y vascas dentro del parlamento español. Pocas veces los dos grandes partidos han resistido al saqueo y depredación de las arcas públicas. La acelerada transferencia de competencias no se ha producido por la flexibilidad en las convicciones de PP o PSOE cuando defienden el patriotismo constitucional o el federalismo asimétrico. Se han dejado llevar por un pragmatismo alicorto que ha traído como consecuencia la desaparición cívica de una mínima y pluralista conciencia nacional común. Estos días, en lugar de establecer reglas claras de navegación para sus barcos, han preferido negociar con los piratas. Era una práctica discreta en convergentes, peneuvistas o canarios. Es una práctica ostentosa con Esquerra, Bildu o Compromis. No tienen reparo alguno en saquear las arcas públicas para fines identitarios o tribales que tienen poco que ver con el bien común, la justicia social o la solidaridad entre los ciudadanos. 

De la misma forma que hay una ‘economía de escala’, también hay una piratería de escala en el nivel autonómico. La gobernabilidad del ‘Botánico’ en la Comunidad Valenciana se está convirtiendo en un admirable ejercicio de piratería presupuestaria. Sin el menor escrúpulo, la vicepresidenta Oltra ya dejó claro que no tiene por qué negociar con Soler, que no es ningún cataclismo que los presupuestos no se aprueben en tiempo y forma. Aunque la ley establezca plazos para la aprobación de las cuentas públicas, ahí está nuestra vicepresidenta para no dar ejemplo a los ciudadanos. Parece como si, desde la macedonia de grupos que pretende liderar, se entendiera el presupuesto como botín que se reparte entre los grises de Iniciativa o el Bloc, los verdes de Equo, los morados de Podemos y los rojos de EU. Presupuestos que se saquean con un clamoroso grito:¡Al abordaje!" Podéis ver el artículo completo en:https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/piratas-presupuestos-20211106003256-ntvo.html